Manifiesto del Príncipe Regente Don Javier a los Españoles (1945)

El término de la guerra en Europa está planteando con caracteres agudos y manifestaciones de violencia, la necesidad de revisar los sistemas políticos del continente. Europa no puede seguir fluctuando entre la anarquía y la tiranía. Yo soy testigo de los desvaríos a que llega un poder personal y absoluto. También he visto, al liberarme de aquella opresión, los excesos anárquicos a que conducen las pasiones de los partidos. Para no caer en estos extremos los pueblos necesitan implantar sistemas que conjuguen la autoridad en el Poder con los fueros sagrados de la personalidad humana.

España no puede sustraerse a esa necesidad de revisión. Necesita cancelar este régimen, que compromete su porvenir y que falsea el significado de la Victoria Nacional. Que una cosa fue la guerra y otra muy distinta el régimen impuesto a la Nación española. Fue la guerra un Movimiento indiscutiblemente popular, que empujó al Ejército y le ayudó eficazmente con sus innumerables voluntarios en la lucha contra el despotismo republicano que había atropellado su propia legalidad y creado un estado de verdadera anarquía. Tal fue la barbarie en el bando rojo al producirse la contienda, que todas las Potencias, sin excepción, se vieron obligadas a rebasar los límites ordinarios de concesión de asilo, otorgándolo en embajadas y consulados, en amparo de muchos miles de españoles perseguidos.

No es razón que la defensa de la Sociedad contra tales opresiones hubiese de venir a parar en otra opresión, también de partido, aunque de distinto signo. Ni cabe concebir una solución para España que desconozca las causas que hicieron necesaria la guerra.

Hora es ya de que España, libre de toda influencia exterior, recupere su régimen propio y de que prevalezca el bien de la Patria sobre cualesquiera otros intereses personales o de partido, que ante aquél tienen tacha de bastardía. Lo que no sea esto, es exponer a España a recaer, en los difíciles momentos presentes, en situaciones insostenibles y en extremo peligrosas.

Tiene España su régimen propio, consagrado por el voto de los siglos y de la Historia: la Monarquía Tradicional. Fracasados los sistemas doctrinarios y teorizantes hijos de la Revolución, ha quedado patente que, como necesidad de prudencia política, se impone este sistema tradicional para la reconstrucción de España. Con su Monarquía templada y representativa, profundamente cristiana, realmente nacional e indiscutiblemente popular, España logró su paz política. No hubiera sido posible la secular permanencia de la Monarquía Tradicional sin un arraigo profundamente popular; y es que el pueblo entero encontraba en tal régimen de gobierno el respeto de sus libertades y derechos, la paz necesaria para el desarrollo de sus actividades y la satisfacción de los altos ideales que han ennoblecido la historia de España. Se sentía bien gobernado y estaba presente en la obra de gobierno por medio de sus órganos naturales, que le daban garantías necesarias sin que esa representación la bastardeasen los partidos políticos.

Esta paz política y social se fue perdiendo según la Monarquía se iba despojando de sus principales caracteres, y fueron cayendo uno tras otro los regímenes y los sistemas que le siguieron, sin que a su caída se alzase una voz en su defensa, mostrando así todos ellos su falta de ambiente popular. Mientras que, por el contrario, la España tradicional, refugiada en sus masas populares y especialmente en las regiones que en todos los trances nacionales acusaron más gallardamente su patriotismo, vejada, perseguida, incluso derrotada por la traición en varias guerras, ha demostrado con su pervivencia y su incontaminación el hondo arraigo que tiene en el alma nacional. Por eso el Tradicionalismo español, lejos de ser una teoría o doctrinarismo, es la defensa de un régimen que responde fielmente a la constitución interna de la nación.

El sentido católico de esta Monarquía no puede confundirse con los conceptos de teocracia o Monarquía de derecho divino. Inspirada en el Derecho Natural Cristiano y fidelísima a sus principios, tanto como puede serlo el mejor programa político de los llamados partidos católicos o centristas, difiere de éstos con enorme ventaja, por la indiscutible autoridad que le presta, en el terreno de la política práctica, su no menor fidelidad al ser histórico de la Nación.

La Monarquía que defendemos no es, no puede ser absolutista. De una parte la limitan los derechos y libertades de pueblos y regiones, consustanciales con la propia constitución política; y de otra parte condenan esa tendencia absolutista los principios de la doctrina y moral cristianas, en cuya defensa se alzó siempre la voz de los teólogos y juristas españoles, frente al absolutismo del que se llamó, después del Renacimiento, Estado nuevo, y que invadió entonces casi toda Europa.

Por eso la restauración de la Monarquía en España no puede fundarse en un programa ofrecido unilateralmente por ningún Príncipe. Ha de fundarse en la reanudación del Pacto histórico entre la Dinastía y la Nación. Están fuera de lugar, por lo tanto, todas las promesas que ofrecen para el futuro determinadas concesiones al pueblo. Son  los derechos de éste, por el contrario, los que han de limitar los poderes del Soberano en el ejercicio de la Soberanía.

Pero como al pueblo se le ha ido privando de todos sus instrumentos de auténtica expresión en siglo y medio de liberalismo y de poderes personales, es necesario crear un órgano, que sea ya monárquico para que en monárquico se preparen las instituciones políticas propias de esa Monarquía. Este órgano es la Regencia Nacional y Legítima brindada en mi Manifiesto a los carlistas de 25 de julio de 1941, y mantenida dignamente por la Comunión Tradicionalista. Regencia que ha de llenar este período necesario de transición, durante el cual será representante de la Sociedad y defensora de sus derechos y encarnación, a la vez, de la Legitimidad monárquica. No será representante de ningún Rey, como son las Regencia-tutela, ya que misión suya será también transferir esa Legitimidad –de acuerdo con las leyes históricas y con la mira puesta en el bien común- al Príncipe que haya de ser reconocido por las Cortes como Rey, a la par que jura ante ellas las leyes fundamentales de la Nación, y reconoce los derechos de ésta, sin sombra de carta otorgada.

Esta fórmula política ha venido a ser la única viable. Sólo ella garantiza el debido orden político, el que establece que los primeros derechos, los de más pura estirpe legitimista, son los de la Sociedad y que estos derechos no deben ser otorgados, sino reconocidos. Y sólo ella puede traer la Monarquía con títulos de derecho inatacables.

Tal es el valor jurídico nacional, popular, histórico y de eficacia práctica de la Regencia Nacional y Legítima.

Es, pues, evidente que lo que España necesita y no acaba de encontrar lo tiene a mano. Le basta con llevar a la práctica su doctrina tradicional, conservada por el esfuerzo centenario del carlismo.

Al servicio de esta doctrina he consagrado mis mejores afanes desde que acepté el cargo de Regente de la Comunión Tradicionalista Carlista con que me honró mi augusto tío el Rey don Alfonso Carlos, ante cuyo cadáver juré fidelidad a los ideales de los que tan fieles habían sido para los Reyes y para su Patria. Si no pude acompañar a los españoles todo el tiempo que duró su Gloriosa Cruzada de Liberación, fue bien a mi pesar, por el destierro que me impuso el general Franco en diciembre de 1937, por mi protesta ante la implantación del régimen totalitario y del sistema de partido oficial con que ya entonces estaba desviando los fines del Alzamiento Nacional.

La Comunión Tradicionalista, apartada de su iniciación del régimen que impera en España, señaló a tiempo sus errores. Sus hombres han padecido persecuciones por mantener en alto su bandera, pero han logrado conservar viva y eficiente la organización y han aprovechado el apartamiento del Poder para preparar la aplicación práctica de su doctrina a los tiempos actuales. La petición del Poder, hecha al generalísimo en documento de 15 de agosto de 1943, firmado por sus dirigentes y cursado por conducto del señor ministro del Aire, no es reflejo de ambiciones personales, sino consecuencia obligada de un limpio deseo de servir a España.

Yo puedo representar ante el mundo a la Comunión Tradicionalista como dechado de patriotismo y ciudadanía. Patriotismo, sin los condenados excesos nacionalistas y sin la aberración filosófica que convierte el amor a la Patria, virtud de justicia, en un culto pagano al Estado, con absorción total del individuo. Ciudadanía tan justa y cristiana, que sabe negarse a la entrega del patrimonio de ideales fundados en la verdad política y consagrados por la Historia, y al mismo tiempo cumple correctamente los deberes que exige el bien común, sin resistencias estériles ni rebeldías perturbadoras.

Esta Comunión Tradicionalista, en cuyo nombre hablo, se ofrece, pues a España, para cerrar definitivamente el larguísimo y agotador período revolucionario, y promete no descansar en su esfuerzo para alcanzar lo antes posible, con la ayuda de Dios y la buena voluntad de todos, la paz interna, la continuidad política, y como consecuencia de todo ello, la hermandad de todos los españoles al servicio de las grandes empresas cristianas y universales, que tantos días de gloria dieron a sus antepasados.

Julio de 1945.

FRANCISCO JAVIER

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