Llamamiento al pueblo carlista y a todos los españoles (1966)

Llamamiento para la política actual

Pasada la primera etapa de la postguerra que se dedicó a la reconstrucción del país y emprendida la etapa posterior de desarrollo económico y social, ahora se ha abierto el proceso político para dar cauce a la realización de las instituciones.

A fin de que hagáis toda la aportación necesaria a este proceso político, con el mismo espíritu que os llamé al 18 de julio, os llamo ahora para la reconstrucción política de nuestro tiempo.

La Monarquía, institución popular

El futuro de España es la Monarquía. La Monarquía nació para superar la disgregación del feudalismo que había llegado a términos anárquicos. La Monarquía fue, desde el primer momento, una institución popular.

La Monarquía de hoy ha de proteger al pueblo contra los nuevos feudalismos políticos (nacidos en el siglo XIX), así como contra los grupos de presión y los monopolios totalitarios.

Estos feudalismos, grupos y monopolios, en su lucha por el poder, son los reaccionarios que vuelven a crear una situación anárquica, origen de la inestabilidad de la Edad Contemporánea.

La Monarquía debe ser la garantía contra la revolución de los poderosos y la defensora de la paz y de las libertades populares.

La Monarquía Tradicional no necesita de partidos monárquicos.

Tenemos que hacer nuestra aportación con amplio espíritu de comunión nacional, sin exclusivas partidistas.

Es doctrina carlista la desaparición de este Partido cuando se establezca la Monarquía. Por eso no cabe pensar en el Carlismo como un partido único y permanente, ya que su existencia fue debida a una necesidad política transitoria.

La Monarquía Tradicional no necesita de partidos monárquicos para subsistir. Lo que sí necesita es tener una doctrina monárquica seria que se exponga de antemano con claridad necesaria para que todos las puedan entender y aceptar y se pueda conseguir, con ello, un asentimiento popular.

Sistema fuerte, no de fuerza

El pueblo español desea un sistema fuerte, no de fuerza. Y no puede serlo si este sistema no tiene una gran autoridad moral. Esta autoridad moral se logra con el reconocimiento de las necesarias libertades públicas y de la facultad de fiscalización de las Cortes Representativas, de la prensa y de los demás medios creadores y orientadores de la opinión pública. Todo esto es necesario para lograr el asentimiento público.

Evolución, legalidad, seguridad

Una de las grandes preocupaciones actuales es la seguridad y continuidad de nuestra convivencia social. Proponemos que dentro del orden establecido se siga el proceso de evolución serena y pacífica, con realizaciones de constante perfeccionamiento. Impedir la evolución sería provocar la revolución. En una evolución constante está la seguridad.

Hoy puede garantizarse esta evolución constante, intensa, acelerada cuanto sea preciso, dentro del orden y de los cauces legales vigentes, en tanto en cuanto éstos proclaman la Monarquía Católica Social y Representativa. Por eso dentro de la plena legalidad podemos aportar elementos constructivos a la tarea emprendida.

Voluntad de diálogo y acuerdo

No existe labor positiva si no existen voluntad de diálogo y espíritu de acuerdo. Entre los radicalismos ideológicos de izquierda o derecha, hoy superados, el Carlismo se mantiene en el centro de los principios de derecho público cristiano, que son los permanentes de nuestra constitución.

Esta exposición, en la cual coincidimos tantos españoles, no trata de eliminar los extremos, sino de fundir los extremismos en la mayor unidad. No puede haber unidad si no nace y se funda en el mayor respeto debido a la natural y humana diversidad de opiniones.

Sistema representativo

Esta diversidad de opiniones, así como todos los intereses de la sociedad, deben estar representados en las Cortes. Los cauces de representación para formar las Cortes son los que brindan, en primer término, las entidades infrasoberanas y los cuerpos intermedios; como son los de tipo territorial (municipal y regional), y los de tipo profesional, con especial relieve de la representación sindical por la importancia adquirida en estos tiempos.

Además de estos dos cauces de representación, hoy es preciso abrir un tercer cauce a la opinión pública, que no es título de poder, pero sí es título de representación, por ser indispensable en toda sociedad sana para la alta orientación de la política nacional.

Con la representación así entendida, en sus tres fuentes fundamentales, podrán ser resistidos dignamente los grupos de presión, económicos, sociales y espirituales, que son una realidad muy vivaz en la sociedad contemporánea, y encauzados y aprovechados para una empresa nacional.

Descentralización administrativa

La descentralización administrativa es una necesidad en los Estados modernos centralizadores, que han llegado a adquirir tan monstruosas proporciones, que resultan inmanejables. Aun los Estados federativos como la Confederación Helvética, la República Federal Alemana, los Estados Unidos de América y el Reino Unido de la Gran Bretaña, tienen planteado agudamente este problema. Lo mismo en Italia, la más moderna nacionalidad europea, que está ya en vías de grandes realizaciones descentralizadoras.

Sistema foral

La concepción foral del Carlismo, fundada en el principio de subsidiariedad, está en plena vigencia en el Derecho moderno. Y es de aplicación, no sólo a las Regiones, sino a toda la vida pública, para la defensa de las libertades.

La descentralización que supone nuestra concepción foral es el mejor medio para curar los separatismos, y el cauce seguro y vivo de nuestra Unidad Nacional.

Recordamos hoy un pensamiento de Carlos VII: “Por el camino de los Fueros es por donde viene la tradición democrática a nuestro pueblo”.

Nuestra concepción foral, federativa, de nuestra Unidad Nacional, es el mejor camino para la Europa federativa que ahora está naciendo.

Sistema social de justicia

Otra de las grandes inquietudes de hoy es la justicia social.

Tanto el Estado como la Empresa tienen una gravísima responsabilidad en lo que afecta a esta justicia. La Empresa tiene una responsabilidad económica, humana y social. De esta última no pueden inhibirse en ningún momento. Tampoco puede inhibirse el Estado y abandonar al libre albedrío de la Empresa la realización de la justicia social.

Al Estado le compete la función pública de protección y reglamentación del trabajo y, de una manera especialísima, la de suplir a la Empresa privada para hacer la justicia que exige el bien común y que no se puede realizar en la órbita de cada empresa particular. La existencia de un sistema coherente de Seguridad Social, la fijación de salarios mínimos y la igualdad de oportunidades para todos los españoles, son ejemplos de problemas que afectan al bien común general y entran, por tanto, en la responsabilidad del Estado.

Todo esto, así como la tutela de la función social de la propiedad y la corrección de abusos, corresponde al Estado, que por eso ha de ser un Estado Social.

Iniciativa privada

Aunque se den casos en que el bien común exija que pasen al Municipio, la Región o el Estado determinadas Empresas, la iniciativa privada debe ser defendida para que sean efectivos los avances del Estado Social, porque a la iniciativa privada le incumbe principalmente la creación de riqueza, y debe ser defendida de la excesiva presión fiscal y de la agresión de los monopolios.

La iniciativa privada es camino de acceso del mayor número a la propiedad y una defensa práctica contra los grandes poderes económicos y contra los excesos del poder político.

El Rey

En lo que afecta a la función del Rey se ha perdido mucho la noción correcta. Entre los extremos de la concepción absoluta y de la concepción puramente decorativa, está la Monarquía justa.

En la elaboración de las Leyes, que son la ordenación de la razón al bien común, deben intervenir todos los consejos y dictámenes que sean necesarios. Pero al Rey corresponde la promulgación de las Leyes, porque la fuerza de obligar la da el Rey con su firma.

Esto es la garantía que da el poder real, porque le compete defender al pueblo contra los posibles excesos del Estado. Y confiere al Rey una altísima dirección política que respeta la necesaria autonomía en la administración política, tanto central como de las regiones.

En estos momentos de inquietudes religiosas que agitan al mundo, creo que la actitud más aconsejable está en las palabras de Carlos VII: “No daré un paso adelante ni un paso atrás de lo que diga la Iglesia Católica”.

Espero que mis queridos carlistas, a los cuales dirijo especialmente este llamamiento, hagan honor a su noble historia y acudan a esta necesidad política de la Patria, que es de todos y necesita el esfuerzo constructivo de todos. Espero que lo hagan con la generosidad de siempre, poniendo su plena personalidad política al servicio de la sociedad, con un alto espíritu de Comunión Nacional.

Pido a Dios que ilumine a todos y bendiga a España.

Castillo de Bostz, 3 de octubre de 1966

FRANCISCO JAVIER

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