Manifiesto del Príncipe Regente Don Javier a los carlistas (1941)

A los Carlistas:

Como en otras ocasiones decisivas, y con más razón que nunca en la actual, es necesario que se oiga la voz de la Legitimidad, cuyo sagrado depósito me confirió el último rey don Alfonso Carlos. Al llevarla yo en este momento, sólo pienso en mi deber de servirla con toda fidelidad y desinterés, conforme al juramento prestado ante su cadáver, sin preocuparme de los ataques de quienes han querido reprocharme el cumplimiento de obligaciones militares, anteriores a aquel encargo e inexcusables para todo hombre de honor, y que en circunstancias análogas antes que yo, que tengo un cometido transitorio en la Monarquía Tradicional Española, perfectamente ajustado a las leyes de la misma, cumplieron, sin menoscabo, gloriosos reyes y príncipes de ella.

Mi nacimiento y circunstancias personales no son los que definen la causa que sirvo, según aquel mandato, y cuyo carácter en la Comunión Tradicionalista Carlista, nadie puede poner en duda. Es ella, con sus cien años de razón, de sacrificios y de historia, la que se alza como causa única de España y esperanza de Europa, y es mi Lealtad y rectitud en su servicio lo que ha de considerarse para juzgar de mi misión, mil veces más leal que la de cuantos nacidos en territorio de la nación y bajo sus leyes, han servido ideas extrañas y opuestas a lo genuinamente nacional.

Comprometidos en esta tarea mi honor y conciencia, a ella me consagré con decisión y sin otras miras, al colaborar en la preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional, lejos del ambiente confortador de España y afrontando los riesgos inherentes, y a ella seguiré consagrado, posponiendo a su interés supremo cualquiera otra consideración o propósito, hasta dar cima a mi cometido.

Cúmpleme, en primer término, rendir público y solemne testimonio de homenaje a la Dinastía Carlista proscrita, ya que con doña María de las Nieves de Braganza acaba de desaparecer su última gran figura representativa. Cinco Reyes de la misma han vivido y muerto en el destierro, sin honores ni poder efectivo, pero rodeados de un pueblo fiel, que jamás les abandonó. Caso único en la historia del mundo; los Reyes legítimos han salvado, para las Naciones, el tesoro inapreciable de instituciones que, si hoy se les ofrecen como remedio al desorden general, es porque hubo quienes mantuvieron el limpio origen de sus poderes y no quisieron, como tantos otros Príncipes, someterlos a la anárquica revisión de las masas.

La restauración política de los pueblos, que constituye hoy el postulado de la Civilización Cristiana y el punto de partida obligado de todas sus empresas, tiene como fundamento la restauración del Poder político y de la autoridad, sin la que no hay vida posible; y esta autoridad desnaturalizada y corrompida por la Revolución, no volverá a ser tal si no se la restituye a su natural emplazamiento y se le devuelven los insustituibles títulos de la Legitimidad.

Hoy la Legitimidad Monárquica tiene su forma, su Institución rectora y su encarnación inconfundible, providencialmente dispuesta para concurrir con la Nación en la reconstrucción de la Monarquía y para dar una solución definitiva y ampliamente nacional a la cuestión dinástica. Sin la aceptación de esta situación, para lo que no basta una declaración pública, no hay posibilidad de situarse en la línea de la Legitimidad, ni, por tanto, de intentar la restauración de la autoridad monárquica, sobre la que se apoye un orden estable y definitivo.

De la fidelidad del Carlismo, con todos sus Requetés a la Regencia, que hoy rige la Comunión política en momentos tan graves y delicados, no es lícito dudar sin agraviarle, pues es ahora cuando se hace patente ante España, que su actitud pasada y presente tiene toda la grandeza de la fe en unos principios y no el móvil mezquino de la esperanza de reales mercedes.

El compromiso adquirido por la Comunión Tradicionalista, y en su nombre por el Rey, asistido por los jefes de aquélla, fue el de colaborar decididamente con el Ejército en el levantamiento armado contra el Frente Popular y la República, dejando en suspenso entretanto toda aspiración política. De cómo cumplió este compromiso desde el primer momento, de lo caudaloso de su aportación a la guerra, de su lealtad al Ejército, y de la generosidad y desprendimiento de su conducta, así como del trato que por todo ello ha recibido, la Nación entera es testigo.

Contrario a todo lo que fuese actuación partidista, sostuvo que, al triunfar el Movimiento, deberían quedar eliminadas para siempre todas las actividades políticas particulares o de grupo, incluso las propias, y propugnó la constitución de un instrumento de gobierno, que fuese derechamente a la desaparición de las discordias que radicaban en los partidos, a la unión de los españoles y a la restauración fiel y eficiente del patrimonio político y social común.

El ensayo político realizado, al margen de la actuación guerrera, y después de la victoria, justo es reconocer que no ha correspondido al cúmulo inmenso de sacrificios realizados, y, en cambio, ha defraudado las esperanzas del país, que confiaba hallar en el nuevo orden de cosas, la satisfacción de sus legítimas aspiraciones de desaparición de las discordias, de pacificación nacional, de un orden social más justo que el pasado y de una selección ¿verdad? de los positivos valores nacionales, que, en vano, se puede buscar sobre la base de un partido único.

Porque así lo previo el Tradicionalismo, se apartó con espontánea unanimidad del nuevo ensayo, y sus hombres más representativos, a cuyo frente se ha mantenido con máxima dignidad el Jefe Delegado, excelentísimo señor don Manuel Fal Conde, han conservado en alto, al margen del mismo, la invencible bandera de la verdad política y de las esencias españolas, librando a la Comunión de toda responsabilidad en el fracaso que se ha seguido y haciendo ver con ello al país, mal hallado con el actual estado de cosas, que hay quienes saben recoger sus inquietudes, interpretar sus sentimientos y servirlos con total desinterés y continuo sacrificio, ofreciendo nuevas y magníficas muestras de carácter y de la fe con que antaño España se impuso al mundo. No ha quebrantado esta unanimidad la conducta de unos pocos que, sin representar a la Comunión, y, aparte de toda disciplina, aceptaron, por unos u otros móviles, el colaborar en el ensayo, sin cosechar otro fruto que la participación en su fracaso.

Cumplido con creces el compromiso contraído al comenzar el Alzamiento, agotada hasta el límite la prudencia de un silencio patriótico, y cuando voces menos autorizadas se levantan propugnando soluciones de restauración monárquica, justo es que yo eleve la mía, en nombre de la Monarquía Tradicional Legítima, con toda la autoridad que la confieren su historia y sus sacrificios seculares, puesta aún más de relieve por el fracaso de cuanto se ha ensayado a lo largo de un siglo de quebrantos, dolores y desengaños


Monárquico sustancial, popular e histórico, el Tradicionalismo es el fundamento insustituible de un régimen cuyo restablecimiento no se concibe prescindiendo de aquél.

Hay muchos que por su posición o falta de formación política, por desesperación o por mesianismo, no ven de la restauración más que la presencia de un Príncipe en el Trono, esperando que este solo hecho resuelva los problemas y despeje las dificultades, sin considerar que, por lleno de prestigio y de autoridad que estuviese, ni podría gobernar debidamente en medio de la actual desorganización, ni serviría eficazmente al bien común con instrumentos improvisados de gobierno, ni mejoraría en nada el resultado nefasto del actual sistema si, limitándose a sustituir con carácter permanente al Jefe del Estado, conservaba aquél en sus esencias.

Si con el máximo acatamiento obtenido, y en las condiciones excepcionales en que fue nombrado para el mando supremo por los demás participantes en el Alzamiento, no ha logrado el Generalísimo, pese a su noble deseo, el empeño de rehacer a España, fuerza será concluir que la sola presencia de un Rey tampoco habrá de conseguirlo, sin la radical sustitución de un sistema. Los que tal propugnan, sin disponer antes los instrumentos de gobierno y las instituciones sobre las que ha de desenvolverse la autoridad del Príncipe, pecan de un simplismo que expone a éste, y con él a la Monarquía, a un fracaso rotundo y definitivo.

La Monarquía no es sólo el Rey; es un sistema completo de organización política y de gobierno, con instituciones y formas características y esenciales, en las que la mejor sabiduría de los tiempos, la experiencia de las sucesivas generaciones, el genio propio y el progreso político de los pueblos, van encarnando los principios superiores que lo inspiran y dando plena eficacia y satisfacción a las exigencias de cada época.

Este sistema, forma a su vez, de una vida social profundamente humana, que sin él no puede subsistir, debe de ser presidido por el poder real que, situado así entre la ley moral que lo caracteriza y las realidades sociales que deben limitarlo, recobra su dignidad y sentido como fuerzas conservadoras de todo un orden social y político cuyos derechos y garantías fundamentales radican en él. Con este concepto trascendental ha sido monárquica la Comunión Tradicionalista, y por eso, mientras el “monarquismo” de las dinastías liberales europeas se apoyaba en el servicio de cortesanos y políticos, que abandonaban a sus reyes en la desgracia, el Carlismo tradicional se mantenía casi exclusivamente por la fuerza de un impulso popular irresistible, cuyos vítores al Rey no eran sino el desesperado clamor de las auténticas libertades aherrojadas, de los hogares profanados; de los cuadros sociales protectores del trabajo y de la vida, rotos; de las conciencias ultrajadas y de los derechos esenciales de los pueblos, desconocidos; el clamor, en fin, de una nación que había visto desaparecer la gran potencia tutelar que la amparaba en su vida cotidiana y en su historia, y entronizarse en su lugar poderes extraños, que, por sí o amparando la acción de otros, han ido sucesivamente consumando el despojo de nuestras instituciones políticas, de nuestro patrimonio moral, intelectual y artístico, y de las riquezas materiales para concluir en la orgía sangrienta que hemos sufrido.

Las falsas restauraciones del siglo XIX, al dejar vivos los principios disolventes establecidos por las revoluciones liberales y sus instituciones políticas como los partidos, el Parlamento y sufragio, quitaban a la Monarquía toda su razón de ser, popular y nacional, y la condenaban a sufrir los inevitables fracasos de un régimen ideado para derrocarla, y con ella, todo el orden social y político de que era salvaguardia y exponente.

Estas restauraciones no fueron en realidad sino remedios desesperados a una excesiva disolución. Por ello, no aportaron más variación al estado de cosas que la persona del Príncipe, bajo cuyo trono seguían actuando las fuerzas disgregadoras.

No ha recorrido el Carlismo un camino de cien años de heroísmos y sacrificios, después de recoger la mejor herencia española de la Contrarreforma, para concluir en una restauración sin principios ni seguridades, fruto del conciliábulo de cuatro amigos de uno de los Príncipes, y de la resignada conformidad de gentes decepcionadas y desorientadas.

La restauración monárquica que la Comunión Tradicionalista apoyará, y está dispuesta a procurar por todos los medios a su alcance, ha de ser, ante todo, una radical eliminación de todos los principios revolucionarios, que se han impuesto a nuestra vida pública desde hace dos siglos y a la vez la implantación de aquellos otros que se derivan de la Verdad religiosa, social y política que hemos defendido, y fuera de la cual, no hay salud ni vida posible para los pueblos.

Esto no es solamente un imperativo de su razón de ser y de su historia, sino de las circunstancias generales en que el mundo se debate, en la que, al chocar y destrozarse ideas y regímenes, aparece, por momentos más necesario, un orden legítimo, en el que se armonicen y convivan la autoridad eficiente, indispensable a toda colectividad, con los fueros de la personalidad y de sus creaciones sociales, de forma que no se estorbe el desenvolvimiento de aquellas fuerzas e iniciativas, en las que radicaba la inagotable vitalidad y la magnífica potencia creadora de la Civilización Cristiana de Europa.

La implantación de estos principios no puede fiarse a la promesa contenida en una declaración o manifiesto de circunstancias. Necesita apoyarse en garantías firmes de realización, y éstas no pueden consistir sino en la restitución previa, al poder político, de su verdadero carácter y atributos, y a la sociedad civil de su privativo patrimonio de derechos y recursos. Tales garantías son irrenunciables para el Tradicionalismo, que está seguro de poder ofrecer a los pueblos un modelo de régimen que debe prevalecer en el futuro como encarnación del secular bien público y fórmula permanente de paz entre las naciones.

Muchas veces, durante su historia, ha sido invitada la Comunión Tradicionalista, invocando un supuesto interés nacional, a renunciar a sus ideales, romper sus filas y desaparecer en el seno de cualquier propósito liviano.

Sosegadas con el tiempo las pasiones, se ve ahora claro que cuando se le llamaba desde los partidos “para ser confundida con ellos”, se le invitaba a convertir su rango nacional e histórico en un “partido” más, condenado a perecer.

Gracias a su viril negativa, permanece y puede hoy proclamar que, mientras aquéllos, entregados sin excepción a la imitación del extranjero, secundaron las mayores aberraciones, no ha habido una sola causa verdaderamente nacional que no haya contado con su concurso decidido y generoso.

Ahora, no falta quien invoca de nuevo aquel interés supremo para recabar de ella la aceptación, sin garantías, de una restauración monárquica.

A esta solicitud, la Comunión Tradicionalista desea contestar públicamente para que el país pueda juzgar sobre esta actitud con conocimiento de causa.

Será preciso repetir que el Tradicionalismo no ha sido el partido personal de un Príncipe, sino la Causa de la contrarrevolución, cuya razón de ser, constantemente recordada, ha estado en el mantenimiento de principios esenciales de la vida nacional.

Sola o asistida de los intereses de cada sector o actividad, reivindica para éstos sus derechos profesionales y de clase, y con ello, los que constituyen el patrimonio general y las condiciones de vida del país entero; y, en tal sentido, su empresa y Causa son inequívocamente nacionales.

La devolución del Poder político a la institución que lo ha encarnado legítimamente en la Historia, no es, por ejemplo, un postulado de partido, sino la vuelta de las cosas a su cauce natural, como única forma de salvarlo de las desfiguraciones que ha sufrido al hacerlo derivar del sufragio inorgánico o convertirlo en trofeo de cualquier acción afortunada.

La restitución a la Iglesia de sus derechos y libertades, no es tampoco una aspiración partidista, sino deber de justicia y satisfacción debida a las conciencias, que sólo en esta situación pueden gozar de toda la acción benéfica de la misma.

La reconstitución de la unión entre los españoles no la procura el Tradicionalismo por la vía contradictoria de un partido, sino suprimiendo de raíz los partidos, como causas de la discordia, robusteciendo la unidad moral y de la creencia, restaurando la Unidad Católica y buscando los lazos naturales de solidaridad que la vida misma establece entre las gentes.

No es programa de partido, sino necesidad de vida para la Nación y verdadera renovación de concepciones, devolver a la sociedad sus derechos naturales; a los interesados en cada profesión, el gobierno de sus actividades; a la vida local, sus recursos; a las regiones, sus fueros y régimen propio; así como reorganizar el gobierno con distinción de lo político y lo administrativo, para hacer posible, sin riesgo, la colaboración de todas las capacidades, reuniendo en los Consejos la sabiduría de los más experimentados, y dando entrada al pueblo en el orden político, tal como él es y vive, en sus profesiones, clases y actividades, pues que sólo así se acabará con las ficciones revolucionarias y se encontrará al país real, llegándose a la ansiada compenetración del Estado con la Nación.

No defiende, por tanto, el Tradicionalismo una concepción particular que desee imponer desde el Estado, sino que reconocida o no por los distintos estamentos de la sociedad, su Causa no es, en definitiva, sino la Causa Nacional de ésta; la de la creencia común, la de las regiones y municipios, la de las clases y oficios y libertades efectivas, y, en fin, la del buen gobierno y la de los buenos españoles, que quieren borrar para siempre sus rencores y discordias y saber que para gozar de sus derechos y prerrogativas, les basta su noble condición de tales.

De ahí arranca su carácter nacional, que sería vano pretender con la unión de grupos diversos.

Esta es la diferencia esencial con el partido de un Príncipe, aunque sinceramente aceptase éste los principios referidos como programa de su gobierno. Porque, en tal caso, la implantación de éstos se hace depender de su voluntad, y esta voluntad, necesariamente omnímoda en los comienzos, a merced de las encontradas influencias de una época de profunda crisis, no podría ofrecer más garantías de permanecer en su propósito que una declaración de circunstancias.

Compréndase, de una vez para siempre, que esta actitud de subordinación y entrega de la suerte entera de la Patria en manos de un Poder ilimitado, no es actitud nacional, ni prudente, ni aun para el mismo Príncipe a quien se propone, con celo, por lo menos, intempestivo.

Menos puede serlo para el Tradicionalismo español, que no improvisa ahora su programa, del momento, sino que proclama la fe en que vivió más de un siglo y defiende la recta implantación de unos principios que él guardó, pero que son patrimonio inviolable de España y de su Historia.

Garantías plenas de realización de esos principios, sólo podría ofrecerlas el Rey que los hubiese servido en la proscripción y la adversidad, haciendo de ellas título y razón de su derecho, capitaneando, como los Reyes carlistas, la peregrinación de la España ideal, que esperaba el día en que pudiese volver a reanimar la vida de la Patria.


Sólo pueden hoy ofrecer dichas garantías los que han recogido su misión y el depósito de la Legitimidad, y, por tanto, la “inextinguible dinastía de los fieles carlistas”, a los que Carlos VII encomendaba en su testamento político la custodia de los principios con los que esperaba volver a la Patria, aun después de acabada su vida.

Sólo ella puede dar seguridades bastantes de que el Poder político que se le otorgue habrá de ser rectamente empleado en restaurar las instituciones que constituyen el magnífico conjunto de la Monarquía. Con esta certeza, y frente a quienes se apresuran a alzar determinado candidato al Trono, ¿no podría oponerse? la gran Comunión Católica Monárquica. Con ello no se haría otra cosa que responder al profundo anhelo de las masas Carlistas.

Pero —repitámoslo mil veces— no son éstas un grupo cortesano que aspira a ocupar los puestos de la Casa Real, sino genuina fuerza popular, donde se han reunido todas las reivindicaciones de una Nación desposeída y traicionada, y las notas esenciales de su carácter y temperamento. Por ello, dos graves preocupaciones pesan sobre la dirección de la Comunión.

La primera es la de hacer de la Restauración una obra firmemente fundada, integral y viva, con claras características de empresa común, en la que todos participen, según su interés y competencia, y cuya defensa sea también interés de todos. Esto supone reproducir en el instrumento que ha de llevarla a cabo el sistema de colaboración de las fuerzas sociales con el Poder Real que se dio en la formación de los pueblos cristianos de Europa, convocando sobre el plano de un régimen definitivo, y bajo el signo de la Legitimidad, las más calificadas representaciones de las fuerzas creadoras del país, que fueron las que realizaron el Alzamiento y la guerra, y a las que no se puede apartar de la ímproba y honrosa tarea de dar forma y cauces al futuro, colocándolas ante un Príncipe cuyo significado o carácter y antecedentes lo prejuzgue o lo estorbe.

La segunda preocupación nace de creer que, acabados los partidos y desahuciados todos los regímenes, el Príncipe llamado a acaudillar el Tradicionalismo debe ser, a la vez, el indicado para ocupar el Trono; de desear sinceramente que no siga apartada de éste, con daño inmenso para el país, la secular fuerza del Carlismo; de nuestra conciencia de que ha llegado el momento en que, desvanecidos injustos prejuicios, y reconocida por el pueblo español como cosa propia, la Comunión se incorpore plenamente a la vida nacional, vertiendo en ella su espíritu y principios.

Esta convicción, junta con su amor a España y al respeto a sus leyes y derechos, la lleva a procurar que la designación del Príncipe que haya de ocupar el Trono, no venga impuesta por un sector, por autorizado que sea, sino que la encomiende a un organismo nacional adecuado, que, con poder efectivo, a la luz del día, con conocimiento de todas las circunstancias y justa estimación de las conveniencias nacionales, la lleve a cabo y pueda exigir para sus decisiones el general acatamiento.

Si quienes deben abrir paso a esta solución, en la que la Comunión se eleva generosamente sobre cuantos sentimientos propios ha creado en sus gentes el trato de justicia, no lo hiciesen, sería porque frente a ella se seguirían manteniendo propósitos particulares; y, en tal caso, ante la persistencia en la desviación, la obligada defensa de España haría que se plantease de nuevo la necesidad de continuar la lucha, y para hacerlo, se proclamaría sin demora en el seno de la Comunión Tradicionalista, en el que lo auténticamente nacional volvería a quedar recluido, el Príncipe que la acaudillase y recogiera los agravios de su pueblo, Rey legítimo en el Trono o en el destierro, sobre cuyo derecho no podría en adelante admitirse discusión.

Resulta de todo esto que el único instrumento político y de gobierno que puede salvar la actual crisis, dando satisfacción a las exigencias de las preocupaciones que hemos señalado, esto es, haciendo posible la actuación en él de las fuerzas nacionales que, sin Rey, afrontaron una lucha decisiva, y situando sobre los intereses de grupo o partido el problema dinástico, es la Regencia, en el Reino Tradicional previamente proclamado como régimen definitivo.

Frente a las actuaciones de grupos aislados, a los intentos irreflexivos de colocar al país frente al hecho consumado de un Príncipe en el Trono, o al abandono de los que todo lo fían a una improvisación más de las que jalonaron nuestra decadencia, la Regencia se presenta como el único instrumento serio y nacional de restauración monárquica. El único también que a la estabilidad y continuidad de un régimen definido puede unir la elasticidad indispensable a un período de transición como el que vive el mundo en el que nada más aventurado que una instauración dinástica, tan estrechamente relacionada con lo que haya de prevalecer.

Regencia sucesora, en el tiempo, de los Poderes extraordinarios del Generalísimo, cuya instauración cabe esperar sea encauzada por su patriótica previsión; constituida según la tradición legislativa e histórica, con la inexcusable nota de Legitimidad, cuyo depósito me fue confiado, e integrada por personas representativas, a las que no alcance responsabilidad anterior de gobierno, y de las que pueda esperarse una acción libre en el servicio de su alta misión.

Esta Regencia, para cuya acabada realización está dispuesto un pensamiento político, que en el apartamiento se ha precisado y reconstituido vigorosamente, es hoy la irrebatible posición nacional de la Comunión Tradicionalista, a la vez que constituye el digno final de la gesta llevada a cabo por el pueblo español en defensa de su ser histórico y de sus instituciones.


La Regencia no es un nombre ni una mera fórmula, sino una institución con substancia propia, que en lo histórico, y como instrumento capital de la verdadera Monarquía, ha dado cima gloriosa a las más trascendentales empresas, abriendo, con el inmortal gobierno de Cisneros, que convirtió en definitiva la unidad alcanzada por los Reyes Católicos, las rutas seguras de nuestra grandeza; proveyendo a la continuidad monárquica en Caspe y en la guerra de la Independencia; y en lo actual, es la única autorizada para llevar a cabo la reconstrucción política y social de España y para resolver la cuestión dinástica, determinando, según las leyes sucesorias, los precedentes legales e históricos y las conveniencias generales, el Príncipe de mejor derecho.

Sus caracteres esenciales deben ser, en consecuencia, los siguientes:

Ha de ser necesariamente legitimista, o sea nacida de las propias leyes de sucesión al Trono o del Poder real legítimo, que, para el Carlismo como para España, no puede ser otro que el que encarnó Don Alfonso Carlos de Borbón y Austria Este, último Rey proscripto, de cuyas manos recibí el mandato que juré cumplir.

Sin esta nota de legitimidad, no es sólo que el Poder encarnado en la Regencia, carecería de la virtualidad de lo monárquico, sino que no hay tal Regencia, aunque tomasen el nombre de Regentes aquel o aquellos a quienes, por cualquier otra consideración, entregaran el Poder los que se encontrasen en circunstancias de hacerlo; porque o hay manera de comprender cómo podrían dar solución al pleito dinástico si no era atribuyéndose facultades de interpretación que sólo corresponden a la Nación o a los Reyes, en quienes la Nación las delega por el pacto que implica la ley sucesoria, o pretendiendo que su favor sustituyese el casi sagrado título de Legitimidad.

Menos ahora, cuando, en quiebra los orígenes democráticos del Poder, los mismos liberales tienen que rendir pleitesía a este concepto.

El segundo carácter que ha de tener la Regencia, ha de ser el de Tradicional, esto es, adscrita a los principios nacionales, restauradores y continuadores de la vida del país, a los que nos hemos referido al hablar de la posición nacional del Carlismo, señalándolos como patrimonio esencial del pueblo español y dejando patente la necesidad de garantizar su realización.

Un Poder legítimo no lo es sólo por su origen, sino cuando, con la conciencia clara de su función y de sus límites, no pretende imponer al pueblo una concepción arbitraria, por sugestiva que parezca a los que la predicen, sino que sabe que debe restablecer las leyes naturales e históricas de la vida del mismo y atemperar a ellas su gobierno. La Regencia, que es un Poder transitorio y restaurador dentro de un régimen monárquico definitivo, será, por su naturaleza, aún más respetuoso con estas Leyes naturales de vida y más adecuado para el restablecimiento de las mismas.

El recuerdo insubstancial que por algunos se hace de las Regencias del siglo XIX para oponerse a la que ahora se indica como insustituible, olvida que éstas no fueron ni legitimistas ni tradicionalistas, sino característicamente revolucionarias, que, tomando de la antigua Monarquía el nombre, lleno de prestigio, ocultaban en realidad la figura de Generales, mandatarios de turbas y sectas, como Espartero y Serrano, el resultado de una cuartelada o los restos de un Trono desde su restauración mediatizado por los partidos y corrompido por principios disolventes.

La Regencia ha de ser, por último, además de legitimista, nacional en su constitución y en sus objetivos. Ofrecen facilidad para conseguirlo los antecedentes históricos y legislativos de la institución en España, a los que no repugna que el Príncipe Regente esté facultado para delegar sus funciones en una Junta de Regencia, compuesta de tres o cinco miembros, con lo que es posible la presencia en la misma de la representación de aquellas fuerzas puramente nacionales que, como la Iglesia y el Ejército, fueron las que más definitivamente contribuyeron a salvar a España de la disolución.

Este carácter nacional ha de reflejarse en la organización del Estado, el que, desprovisto de toda base partidista y buscando a la Nación tal cual es, debe llamar al Consejo del Reino a las más destacadas representaciones de las actividades y estamentos del país; y a los Consejos especiales, a los más capacitados en cada ramo, de modo que no falte a la labor directora ningún concurso útil y vayan sustituyéndose los criterios personales por juicios superiores de gobierno, donde las gentes se acostumbren a ver el imperativo del bien común.

Las delegaciones permanentes del Poder Real u Oficios mayores del Reino, facilitarán la ímproba tarea que en la actualidad ha de asumir aquél, asegurando al mismo las mayores y más fieles capacidades directivas que, en la Regencia ahora y con el Rey después, lleven la dirección política suprema y la administración pública, libre de preocupaciones de otro orden, para las que carece de la natural competencia, reducidos sus Ministerios y simplificada su organización, debe desarrollar libremente sus actividades técnicas en formas actuales y eficientes y poder admitir a su desempeño a los más preparados, sin exclusivismos de procedencia política, dentro de ciertos límites, abriendo un ancho campo de colaboración nacional.

Los objetivos de la Regencia así constituida, que deben ser de igual modo plenamente nacionales, serán: La declaración, si no se ha hecho previamente de que España vuelve a la forma política de Reino tradicional, con gobierno legitimista.

La devolución a la Iglesia Católica de la integridad de sus divinos derechos, para que, desenvolviendo libremente su misión, inicie y consiga la reconstitución moral de España y la conclusión con la misma de los necesarios acuerdos en las materias comunes a ella y al Estado.

La restauración local y regional sobre bases familiares y gremiales.

La restauración de los grandes Consejos nacionales del Reino y de la Administración pública;

La reorganización de la justicia;

La reintegración a la Sociedad de su soberanía propia con el reconocimiento de sus actividades y organización naturales;

La restitución a los oficios del derecho a organizarse fuera de todo fin partidista y en el marco del orden general corporativo;

La preparación y convocatoria, en el plazo que la prudencia permita, de las Cortes verdaderamente representativas del país, sin significación política partidista;

Y, finalmente, la designación del Príncipe de mejor derecho que deba ocupar el Trono, discerniendo, en función de carácter judicial, entre los que puedan alegar alguno.

Todo ello, en plazo determinado y con sujeción a juicio de residencia de los miembros de la Regencia cuando concluyan su mandato.

Los fines marcados serían bastantes para justificar el establecimiento de la Regencia, como lo sería la sola consideración de la trascendencia que para una Monarquía tiene la dinastía que ha de encarnarla, en la que debe buscarse, juntamente con el título, la identificación con el espíritu y destinos nacionales.

Que actualmente hay en España un problema de instauración y determinación dinástica, es innegable. El automatismo en la sucesión, con el que se quiere eludir el examen del mismo, más bien habla de derechos patrimoniales que de la transmisión de un sagrado depósito de obligaciones, en el que directamente o marcando sus leyes y jurando a los sucesores, siempre intervino la verdadera representación nacional.

¿Quién, que no esté imbuido de una ceguera perniciosa e irresponsable, puede en estas circunstancias atrever se a dirimir por sí este asunto y adelantarse a ofrecer el Trono de España? Nadie puede dar lo que no tiene. Y este derecho al Trono legítimamente y con autoridad para discernirlo, sólo puede ostentarlo la Regencia Legitimista, instrumento nacional de la restauración monárquica.

Piénsese en la altura y firmeza de las gestiones que cerca de los Príncipes indicados o posibles puede desarrollar ésta, ponderando las conveniencias interiores y las circunstancias exteriores para hacer de la restauración dinástica un factor decisivo de estabilidad y grandeza para la Patria; piénsese en la virtud que esta Regencia tendría para remover obstáculos, aportar colaboraciones y señalar condiciones plenamente nacionales al Príncipe y a la dinastía que inaugurase; y reconózcase que todo cuanto ahora se haga por grupos e individuos aislados, tiene que ser necesariamente pobre, pequeño y contrario, por particularista y de camarilla al claro y elevado interés nacional.

Injusto será el intento de quienes pretendieron alzarse con tanta gloria, en cuya consecución otros pusieron la mayor parte. Si el presente es doloroso, el Carlismo está sabiendo sobrellevarlo con alteza de miras y ánimo entero; y siendo la única fuerza que ha resistido todo un siglo, y, por tanto, principal punto de apoyo para restaurar la Legitimidad y la vida de España, ofrece la Regencia como medio de pacificación, a la vez que garantía de los principios. No es de creer que nadie, con responsabilidad y rectitud de intención, se interponga en el camino de la misma.

Con el mismo desinterés con que se alzó con el Ejército en 1936, ayudando a ganar la guerra, querría hoy ayudarle a encontrar el camino de lo auténticamente nacional, para recorrer el cual, abandonando el que ahora se sigue, siempre podrá contarse con él.

La Providencia de Dios, cuya asistencia no ha faltado nunca a esta Causa secular, siempre cercada de peligros, no consentirá que esta vez vuelva a quedar España al borde de su salvación sin lograrla.

Al servicio de Dios y de España, la Comunión Tradicionalista ha consagrado todos sus trabajos, sacrificios e intenciones, y se ha ofrecido como instrumento de sus designios en las empresas propias de su competencia y vocación, hoy fundamentares por dirigirse a corregir la apostasía de los Estados y las Naciones, pecado máximo de nuestros tiempos.

Ante la Cruz gloriosa claman, sin duda, con nuestros Mártires de Cristo Rey, cuantos muertos, fuera de nuestras filas, ven hoy la verdad sin sombras y conocen la Justicia.

Botz, 25 de julio de 1941.

Francisco Javier de Borbón

Príncipe Regente

de la Comunión Tradicionalista Carlista

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