Crisis política y crisis económica: posibles vías de solución (24 de noviembre de 1977)

24 de noviembre de 1977

En realidad sólo hay un problema: el político. ¿Conseguirá el Gobierno, es decir, el Poder, un consensus positivo que le permita avanzar hacia un cambio o simplemente un consensus de pasividad suficiente para aplazar la crisis económica? ¿Es acertado el pacto de la Moncloa?.

Para empezar, dos observaciones: los españoles desconocemos, y esto es grave, los documentos de trabajo y los argumentos que puedan convalidar o invalidar las decisiones adoptadas en la Moncloa. De modo que nuestro juicio será necesariamente, como ciudadano, un juicio falto de información suficiente.

Esto es grave de por si, porque el consensus, del que hablaremos más adelante, es imposible si el ciudadano no dispone de esta misma información, si no se le da la posibilidad de juzgar por sí mismo.

La segunda observación es de origen experimental. El solo hecho de sentirse atendido por el médico mejora, no pocas veces, el estado de salud del enfermo. Algo parecido pasa, a menudo, con la economía de los países y ha ocurrido en el pasado con la economía española. Pero en el pasado se podía disponer del tiempo suficiente para poder planificar, ya que el problema del Poder no se planteaba. Hoy no disponemos del mismo.

Además, esta experiencia del pasado es solamente repetible si las medidas tomadas cumplen dos condiciones. La primera es que el cuidado del enfermo no consista en aplicarle una medicación tan inadecuada que agrave excesivamente su caso. Muchas medidas económicas, a medio o largo plazo necesarias o indispensables, son a corto plazo altamente nocivas, y pienso que en nuestro caso pueden ser peligrosas ciertas formas de restricción del crédito.

La situación extremadamente difícil de la pequeña y mediana empresa, que, al fin y al cabo, emplea más de las tres cuartas partes de la mano de obra, es hoy en día tan delicada que el colapso de la misma, por medidas crediticias o financieras restrictivas, que en otro momento pudieran ser razonables o necesarias, sería simplemente catastrófico.

La demagogia que consiste, por parte del Poder o de otros sectores, en presentar como responsable de la crisis a la empresa y prometer más altos salarios y mejoras en la Seguridad Social a costa de empresas pequeñas o medianas, es absurda. Pues estas empresas no son responsables de la crisis, sino los grandes feudalismos económicos y el sistema heredado del pasado. Esas empresas pequeñas son las víctimas de la historia. Pero ahogarlas hoy y simultáneamente hacer pagar las deudas del pasado a los trabajadores que trabajan en ellas, llevando a éstas a la quiebra, sería grave. Intentar hacer del empresario, pequeño o mediano el chivo expiatorio de la situación resulta quizá cómodo e incluso creíble, pero demagógico porque la crisis de estas empresas la van a pagar los trabajadores.

La segunda condición es que para aplicar una medicación que no sea ficticia es necesaria una amplia consulta de los sectores interesados. Es evidente que el mejor conocimiento de las causas de la crisis por todos los interesados, y no sólo por el Gobierno, permitiría una mejor orientación de los remedios y, más importante aún, también permitiría crear alrededor de las medidas tomadas una tolerancia o una aceptabilidad que puede llegar hasta el consensus positivo.

Conocimiento de causa del pacto económico

El paro y el exceso de cargas a la pequeña y mediana empresa son las causas iniciales de la inflación o las causas principales de la misma y no solamente la consecuencia. Pues la inflación agrava la situación, pero no ha sido la fuente inicial o principal de la crisis.

Una gran consulta popular y nacional tendría como efecto conocer las causas objetivas y subjetivas tan importantes en un sistema de mercado para hacer decisivas ambas. Las causas objetivas dependen del análisis en términos cuantitativos de la situación económica. Las causas subjetivas dependen del convencimiento profundo de los agentes económicos y especialmente del mundo del trabajo, y de las posibilidades y el sacrificio realmente necesario para superar la crisis. Depende, claro está, de la comprensión del análisis por los mencionados agentes. Esta comprensión sólo puede existir después de un amplio debate que ponga en evidencia la posibilidad curativa de las distintas medidas económicas posibles. Si no existe amplio debate existirán inquietudes y dudas.

Lo que precisamente es inquietante en cuanto al análisis objetivo contenido en el documento de trabajo inicial, que se ha filtrado a la opinión pública, para la preparación del pacto de la Moncloa, es que parece analizar de un modo insuficiente la causa principal de la crisis, tanto del paro como de la inflación.

Hablando ahora de la inflación, parece que el tipo específico actual es una inflación por el costo, no por la demanda. Es decir, que nos encontramos en una situación radicalmente distinta de la que existía al final de los años cincuenta, 58-59, donde la inflación por la demanda era la causa principal de la crisis. Por ello, entonces, fue acertado el plan de estabilización y el conjunto de medidas restrictivas en materia monetaria.

La inflación por el costo es debida al paro; paro que conlleva un subempleo de la capacidad productiva humana y de la maquinaria, pues más de un millón de parados y más de un 20% de la capacidad productiva de la maquinaria está sin empleo. No hace, falta ser economista para imaginar lo que representa y lo que pierde con ello la economía española o, lo que viene a ser lo mismo, el porqué del aumento del 30% de los precios de consumo. Porque esta enorme falta de producción encarece los bienes y servicios producidos en un elevado grado y a su vez frena la demanda, provocando más paro. Todo ello va desencadenando y acelerando esta inflación, por el costo, causa primera a nuestro juicio de la crisis.

Si se añade a esto la situación crítica de la pequeña y mediana empresa, en pleno proceso de descapitalización y casi en situación de quiebra, parece al observador que las medidas económicas que se deberían de tomar son:

1. La revisión urgente de las cargas sociales y fiscales que pesan sobre la pequeña y mediana empresa, aunque quizá solamente de un modo provisional aplazando los pagos o contabilizándolos, en forma de crédito a largo plazo. Pero no se trata simplemente de una medida en la consulta del mundo del trabajo y del sector empresarial.

2. Prolongación de las líneas de crédito para evitar las quiebras en serie. No para las grandes empresas, que en la inmensa mayoría de los casos disponen de recursos propios o son ellas mismas propiedad de los grandes bancos que de hecho las reservan ya estos créditos que retiran a la pequeña y mediana empresa, agravando enormemente el paro y las quiebras en este sector industrial y de servicios.

3. Buscar en la capacidad del mercado interior un aumento de la demanda, precisamente por una promoción del pleno empleo, incluso si tiene que mantenerse momentáneamente una tasa elevada de inflación que a todas luces en el plano económico actual no se logrará reducir, ni se prevé poder reducir sensiblemente.

Esta política va vinculada, evidentemente, con el mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas e incluso la potenciación de su capacidad productiva, lo que les posibilitará contratar mano de obra, a fin de que globalmente se llegue lo más rápidamente posible a la utilización máxima de la capacidad productiva del país, creando así esta demanda interior tan necesaria.

Buscar principalmente en la restricción crediticia o en la exportación la solución a nuestros problemas inmediatos de política económica parece pertenecer más bien a una segunda etapa, que solamente se podría emprender una vez restablecido el pleno empleo.

Todas las demás medidas estructurales analizadas en el informe o firmadas en el pacto parecen del todo clásicas o incluso razonables, por no decir indispensables; pero para una fase más adelantada del proceso de recuperación económica. Todas afectan a una problemática en el fondo a largo plazo, es decir, a una problemática de estructura económica del sistema productivo. Una política de energía, una transferencia de empleo a los sectores de servicio o a los sectores asistenciales o educacionales necesitan, como la misma reforma fiscal y la reestructuración del presupuesto nacional, un plazo de tiempo difícilmente inferior al de ocho meses para la planificación y el inicio de realización efectiva y de más tiempo aún para que las modificaciones estructurales tengan realmente repercusión en la vida económica del país.

La clara exposición del análisis económico y un amplio debate popular sobre la temática podría tener una gran efectividad económica. El no consultar al país, el no dar un completo análisis comprensible para el debate de la situación, es un riesgo político muy real.

La planificación es urgente, pero una planificación aceptable para el mundo del trabajo, para las organizaciones sindicales y políticas, para los elementos de la patronal y los empresarios, que podrán, sí, anticipar sus decisiones y mejorar de un modo espectacular la situación económica de nuestro país, incluso a corto plazo, y esta es nuestra esperanza.

Hacia el consensus político: el pacto político

El pacto de la Moncloa es quizá técnicamente razonable a grandes rasgos. Ha sido, además, un gran éxito momentáneo del Gobierno, pero lo puede ser mañana para España si se cumple una sola condición: que se abra este pacto, de la cumbre hasta la base, a toda la sociedad española. Al conjunto de los empresarios, por supuesto, pero muy especialmente al mundo del trabajo, que debe participar en este gran diálogo, porque es precisamente por su trabajo y por su sacrificio por lo que se podrá resolver la crisis. Digo por su sacrificio y por su trabajo y no sacrificando al mundo del trabajo, que es cosa muy distinta.

Fue un acierto para la política del Gobierno obligar a todos los grupos parlamentarios a salirse del parlamentarismo y a comprometerse con la realidad de una situación surgida a consecuencia de muchos años de dictadura de las oligarquías económicas, dictadura de la cual no hemos salido aún.

Ahora bien, esto es un invento peligroso, tanto para los partidos políticos comprometidos en el pacto a través de sus estados mayores, pero no implicados en la gestión y en las decisiones pactadas, como, por otra parte, es peligroso también para el mismo Poder.

Es un peligro interno para los partidos políticos, ya que se han tenido que comprometer en nombre del mundo del trabajo, pero sin contar con él. Mañana puede imponer a estos estados mayores un cambio radical de postura. No hace falta imaginar el peligro que entrañaría tal decisión para el mismo Poder.

El segundo peligro es el de la involución democrática por aislamiento del Poder constituido, frente a un pueblo apartado de la responsabilidad y condenado a la pasividad.

Quizá este segundo peligro les pudiera parecer a algunos como secundario, cuando puede ser el más grave de todos, porque los «poderes aislados» se transforman inevitablemente en monopolios oligárquicos del Poder, tan insoportables como las dictaduras personales, pero además mucho más frágiles.

A los dos peligros sólo hay una contestación: extensión del pacto a todo el país; y esto es posible, deseable y necesario. Abrir un diálogo entre ramas de producción, entre comisiones intersindicales, incluyendo a todos los sindicatos sin excepción, entidades patronales y, muy especialmente, a la pequeña y mediana empresa, y a los representantes de la Administración civil estatal. Abrir un gran debate parlamentario simultáneamente a esta consulta, abierto a toda la opinión pública. La simultaneidad de los dos tipos de consulta evitaría el parlamentarismo vacío, ya qué este órgano se vería obligado a reflejar la problemática de los debates realizados a otros niveles.

El debate permitiría llegar a dos metas: conocer desde el Poder, pero también desde la calle, la real situación española. Permitir que exista un fuerte respaldo popular a las decisiones tomadas desde el Poder.

El peor error que podía cometer el Poder hoy en día sería creerse que la opinión pública no puede ni debe ser otra cosa que un elemento pasivo, informado de las decisiones, pero no comprometido con ellas.

La opinión pública puede perfectamente hoy, y es una convicción profunda, respaldar activa y positivamente una alternativa a la situación de crisis con tal que esta alternativa sea la de una democracia comprensible, debatida y vivida.

El debate público y honesto es hoy por hoy posible y necesario, pero, además, la única realidad que existe para que crezca una democracia responsable. La democracia crece siempre en los momentos de crisis, cuando se implica al pueblo en las soluciones de su propio destino.

De otro modo, se descubrirá que el mundo del trabajo no tiene por qué ser responsable de las consecuencias y errores económicos anteriores. Los salarios no son los responsables de la inflación ni el paro es la causa de las alzas salariales. Es una perogrullada, pero es necesario recordarlo para no confundir los efectos con la causa. Porque existen enfermos es preciso que haya médicos y no a la inversa. Se descubrirá también esta otra perogrullada: el alza de precios es debida al paro y al subempleo del aparato productivo. Se impone que se empiece por corregir este doble efecto si se quiere frenar la inflación o suprimirla y, luego, utilizar la exportación como un instrumento eficaz para reforzar nuestra economía nacional. No hace falta, a nuestro juicio, frenar los salarios, sino aumentar la producción, cosa relativamente fácil cuando existe suficiente reserva de mano de obra y capacidad productiva sin empleo. Se descubrirá, por fin, que hacer al mundo del trabajo responsable de su propio destino no es sino responsabilizarle pura y simplemente como ciudadano. La característica precisamente de la democracia es que considera a todo hombre, a todo trabajador, como ciudadano, es decir, como ser responsable ante las estructuras de un capitalismo anacrónico y de todos modos inadecuado para el futuro, donde el capital quiere conservar el privilegio de la responsabilidad y quiere mantener al trabajo como un simple elemento productivo pasivo. Desde siempre ha propuesto el carlismo invertir el orden de los factores: hacer del trabajador y del trabajo el elemento responsable y del capital el elemento material pasivo. Introducir progresivamente esta responsabilidad del trabajo y estos valores socialistas es la vía para resolver a la corta y a la larga, tanto la crisis económica como la crisis política. «Pero la ventaja es que se puede resolver gracias a la democracia.

El concepto de autogestión del socialismo que proponemos no es otra cosa. Empieza por dar a los trabajadores en la fábrica y en la sociedad el derecho a ser ciudadanos, informados, consultados y libres de actuar para dar estas soluciones, de las que van a ser ellos mismos no como hasta ahora las primeras víctimas, sino los primeros beneficiarios.

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