El Plan Económico del Gobierno no es un plan económico (13 de octubre de 1979)

13 de octubre de 1979

El Plan Económico del Gobierno no es un plan económico, es simplemente un plan coyuntural para salir del paso. Criticar las intenciones del Plan es prejuzgarlas. El prejuicio debe, en esté caso, ser favorable, pues ningún Gobierno, y menos el actual, puede tener otras intenciones que las de conseguir el necesario éxito político, consecuencia de un éxito económico. Por otra parte, no cabe duda de que las intenciones económicas parecen razonables, deseables u oportunas, pero existe el problema de la crítica. El llamado Plan es una serie laudable de intenciones o deseos y no es un plan económico, porque le falta lo esencial: la expresión en cifras de las perspectivas del Plan.

Un plan económico supone tres partes:

1. Un análisis de la situación.

2. Una exposición de intenciones.

3. Una planificación de las medidas legales o administrativas y de las medidas económicas calculadas en cifras.

Indicando además con claridad el porqué, el cómo, el cuándo y, sobre todo, cuánto representará el coste de las reformas propuestas.

¿Qué debería ser el Plan?

El Plan, para empezar, debería comportar un análisis, en dos vertientes, de la crisis, considerando sus causas exógenas y endógenas.

En cuanto a las causas exógenas, correctamente analizadas, como la subida del precio del petróleo, la crisis internacional y el crecimiento de la población potencialmente activa expuesta en el Plan del Gobierno, falta cuantificar claramente su impacto presente y, sobre todo, su futuro.

En cuanto a las causas endógenas, el Plan debería considerar, entre otros aspectos, los defectos estructurales del sistema financiero, las rigideces empresariales, el minifundismo industrial, las deficiencias de numerosas empresas nacionalizadas, las deficiencias de nuestro sistema comercial interior y exterior, las necesidades presentes y futuras del gasto público…

Esta segunda parte, es decir, la parte más importante y que realmente puede y debe el Gobierno remediar, modificar o transformar, está tratada simplemente a base de proponer ahorros, estímulos y parches de todo índole; pero no está analizado en profundidad, ni cuantificado, ni estudiado, por supuesto, en una perspectiva a medio plazo -cinco años, por ejemplo-, plazo en el que pensamos se pueden emprender grandes reformas y realizarlas racionalmente.

Se habla, en el Plan, de defensa de una economía de mercado, sin crear las condiciones para que tal economía pueda desarrollarse. Detrás de esta afirmación de principio, da la sensación de que el poder se lava las manos de las consecuencias, económicas de no reformar las bases instrumentales que permitirían precisamente una «economía social de mercado» o «una economía» a secas. No puede haber una economía dinámica, ni salvarse un sistema de mercado, sin reformar profundamente los instrumentos heredados del sistema anterior. A título de ejemplo, podemos considerar algunas de las principales estructuras que conviene reformar y que todo plan económico debe, después del análisis, considerar y tratar de resolver.

La estructura financiera y su reforma

La estructura financiera, entre otros, adolece de dos defectos graves que le quitan gran parte de su capacidad funcional.

Primero, la falta de especialización bancaria que ha llevado al desarrollo generalizado de los bancos mixtos, consecuencia del statu quo que se impuso durante la guerra civil y que duró más de treinta años. La posibilidad para los bancos de disponer de amplias carteras de acciones que les sitúen en posiciones dominantes en numerosas empresas es, contrariamente a lo que se puede pensar, ana rémora para el bancoy para aquellas industrias, por lo menos en muchos casos.

Para el banco es una rémora porque se encuentra obligado, sobre todo en momentos de crisis, a sostener a «sus» empresas, no pocas veces en contra de «sus» intereses financieros. Para las industrias, porque la banca es un mal empresario. No delega, en general, a «sus» empresas sus mejores hombres ni dedica a aquellas empresas siempre la atención suficiente. Además crea en las empresas afectadas un falso sentimiento de seguridad.

El segundo defecto del sistema financiero reside en los coeficientes legales de inversión obligatoria en los circuitos privilegiados del crédito oficial, que alcanza hoy día el 22,5% de los recursos de la banca privada y el 56% de los recursos de las cajas de ahorro.

Estos depósitos se invierten con rendimientos situados entre un 4,5% y un 6%, con un interés negativo del 10% en relación con una inflación del 16%. Representan una pérdida importante para los bancos y cajas de ahorro. Así, la diferencia entre lo que pierde el banco con sus inversiones obligadas en las entidades oficiales de crédito lo tiene que pagar alguien, y lo pagan los sectores industriales que no se benefician del crédito oficial. El banco tiene que rehacerse de estas pérdidas, pasando la cuenta a sus clientes. Lo pagan las empresas privadas, por una parte, y los ahorristas, por otra. Difícilmente el banco, en sus operaciones pasivas, puede pagar unos intereses superiores al rendimiento medio de sus inversiones. Con lo cual el banco, como la caja de ahorros, paga al ahorrista, al depositarle en cuentas, un interés también negativo; es decir, le impone un impuesto sobre el capital,

Si el uso del crédito oficial fuese intachable, si la financiación a fondo perdido de ciertas empresas públicas o privadas fuese justificable y justificado, el sistema sería criticable por su metodología, pero quizá justificable por su finalidad. ¿Pero es este el caso?

¿Cuánta financiación a fondo perdido realizan de hecho las E. O. C.? Nos gustaría saberlo. Y en cuanto a metodología, será más eficaz económicamente introducir en las recaudaciones fiscales aquel «impuesto sobre el capital del ahorrista» y luego que salgan del presupuesto del Estado aquellas inversiones a fondo perdido, que pueden ser necesarias para el desarrollo de nuestra economía o para finalidades sociales. Así, el mecanismo financiero podría funcionar con claridad, proporcionándo créditos más baratos para la industria o intereses menos injustos a los ahorristas; esto permitiría analizar, orientar el flujo financiero con claridad y de manera más idónea.

No aparece en el Plan del Gobierno ningún cálculo sobre en qué forma se podrían modificar los coeficientes de inversión obligatoria, salvo que se afirma en principio una reducción anual del 1,2%; es decir, que un plazo de veinte años para la banca y medio siglo para las cajas pretende resolver este problema. ¿Es idóneo este plazo?

Las rigideces empresariales

Las rigideces empresariales y, entre ellas, la necesidad de idear una fórmula para disminuir las cargas salariales y dar flexibilización a las plantillas, son fórmulas imprescindibles si se quieren subsanar las rigideces actuales, que condenan a la empresa en crisis a continuar hasta la quiebra con el despido total de la plantilla y condenan, por tanto, al Estado a aceptar inoratorias fiscales, moratorias de Seguridad Social y, por fin, a establecer unas UVI para aquellas empresas que no pueden cerrar por el escándalo o por el problema humano que crearían.

Pero ¿cómo disminuir las cargas salariales si no se reforma totalmente la financiación de la Seguridad Social? Y ¿cómo hablar de flexibilización de plantillas, insistiendo el nuevo plan, sobre todo, sobre la reducción de la carga del seguro de desempleo?

Un amplio seguro de desempleo es precisamente la condición misma de aquella otra reforma.

Hablar, además, de estímulos. fiscales a la inversión es realmente institucionalizar para ciertas empresas la moratoria fiscal y subvencionar directamente, desde el presupuesto, a aquellas empresas que invierten bajo esta futura ley de estímulo fiscal. Tiene este sistema todos los defectos posibles y ninguna de las ventajas de otras metodologías. El método de la subvención fiscal hace, en particular, invisible esta directa subvención desde el presupuesto, porque la subvención no aparece precisamente en este presupuesto y, por tanto, no es visible ni controlable. Reduce además la recaudación del Estado e impide, por tanto, otras actuaciones presupuestarias, quizá más urgentes o más eficaces. Por otra parte, la reforma del sistema financiero, la posibilidad de una amortización acelerada y una eficaz utilización del crédito oficial pueden ser mucho más potentes, y además flexibles, para potenciar el desarrollo industrial.

Después de estas consideraciones, vemos hasta qué punto el plan propuesto adolece de un análisis en profundidad de las problemáticas, y no nos dice en cifras cómo, a qué ritmo y a qué precio podría realmente el presupuesto en los años venideros financiar la Seguridad Social, el seguro de desempleo y, en su caso, un sistema de amortización acelerado.

El presupuesto del Estado, parte esencial del Plan

Sin detenerme en todos los aspectos que el Plan hubiese debido considerar -como son la transformación progresiva del minifundismo industrial, la rentabilización de ciertas empresas nacionales, la reforma del sistema comercial, la potenciación de nuestro mercado internacional y el fundamental desarrollo de nuestra agricultura, etcétera…-, me limitaré a considerar el gasto público.

Todas las reformas estructurales necesarias van a suponer una transferencia de cargas y de ingreso al presupuesto. El presupuesto tendrá que hacerse cargo, a la larga, de la financiación de la E. O. C., de la Seguridad Social, del segura de desempleo, del coste fiscal de unas medidas como las de regularización de balance o de amortización acelerada. Todas aquellas cargas se deben y pueden calcular, ver en qué plazo de tiempo y bajo qué presión fiscal se pueden realizar.

Un plan serio, hoy día, debe considerar la evolución del gasto público para los cinco próximos años. Un plan económico no puede existir sin su expresión en el presupuesto del Estado, o, si se quiere hablar en términos de mayor amplitud, en el gasto público, pues aquel presupuesto y aquel gasto público será, en la práctica y por necesidad, el principal soporte de la reforma.

Diálogo democrático y plan

En conclusión, quiero también subrayar que ningún plan, ni el mejor planteado, tendrá éxito si no se ha estudiado y discutido con las partes que deben realizarlo, o mejor dicho, vivirlo. No podrá haber plan bien estudiado si los sectores financieros, si la patronal y los sindicatos, no están totalmente implicados en la preparación, gestión y desarrollo del mismo. Esta convicción personal no es solamente el fruto de la convicción de que la democracia empieza por el diálogo y que la democracia económica empieza por el diálogo económico; es también el fruto de la observación de la realidad. El hombre, como la sociedad, solamente se siente responsable si está implicado en la responsabilidad, en la búsqueda, en la creación de las soluciones. No se siente responsable nadie si se le impone una solución, por muy buena que sea. No existe prosperidad ni en un Estado ni en una empresa si no existe comunicación, comprensión y diálogo entre los implicados en el proceso productivo, en la «cosa común».

Para ello es necesario crear unos instrumentos de diálogo, no solamente dentro de las empresas, sino a nivel del Estado, y este instrumento que propusimos hace tiempo es la Cámara Económica y Social.

Una propuesta: la Cámara Económica y Social

La Cámara Económica y Social, organismo de diálogo institucionalizado entre la patronal (todas las patronales), sindicatos (todos los sindicatos) y Administración (todos los sectores de la administración económica), es el instrumento fundamental para la construcción de un plan serio, para su evolución y su aceptación por los sectores implicados. Ni las patronales ni los sindicatos son enemigos del Estado; sí son enemigos de que se impongan desde el Estado soluciones desacertadas o inaceptables o simplemente incomprensibles, por faltarles la necesaria claridad. Creemos que si el Plan Económico del Gobierno no corresponde ni a los intereses de la patronal ni a los intereses de la clase trabajadora, es decir, al interés común, es fundamentalmente porque el Estado no cuenta con este instrumento imprescindible para construir un plan moderno, eficaz y aceptable para todos: una Cámara Económica y Social.

En resumen, el Plan Económico del Gobierno es aceptable bajo la perspectiva de unas «intenciones» del Gobierno, pero es también criticable. Criticable, en primer lugar, por su metodología: no ha sido el fruto de un diálogo serio entre todas las partes implicadas en la vida económica. Criticable, en segundo lugar, por su contenido: le falta el estudio cuantitativo, cifrado de las grandes reformas necesarias.

Por eso decimos que no es un plan económico. Como el plan económico actual es un simple planteamiento coyuntural, el nuevo presupuesto del Estado no es más que un presupuesto de coyuntura.

Por eso decimos: no hay un plan económico del Gobierno, sino un simple planteamiento coyuntural.

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